Se trata de una importante victoria legislativa para el Gobierno de Albanese. Tras semanas de intensas negociaciones y una creciente presión por parte de los círculos empresariales, el ecosistema de las start-ups y la oposición, el Partido Laborista y Los Verdes australianos alcanzaron un acuerdo para aprobar en el Senado el ambicioso paquete de reforma fiscal del presupuesto 2026-2027 antes del 2 de julio, fecha prevista para la entrada en vigor de las nuevas medidas.
El proyecto de ley reúne cuatro elementos principales: la reforma del impuesto sobre las ganancias de capital (CGT) y del negative gearing, una deducción fiscal de 250 dólares para los trabajadores con bajos ingresos y una nueva deducción instantánea de 1.000 dólares. El texto ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes, donde Labor cuenta con mayoría absoluta, pero requería el apoyo de Los Verdes en el Senado, ante la firme oposición de la Coalición.
El senador Nick McKim, portavoz económico de Los Verdes, calificó el acuerdo como «un anticipo de una verdadera reforma fiscal progresista». «Este presupuesto representa una oportunidad que solo se presenta una vez por generación para llevar a cabo una reforma fiscal ambiciosa, y estamos abriendo la puerta para que Labor dé ese paso», declaró. Sin embargo, expresó su decepción por el debilitamiento de la propuesta original del Gobierno.
En el centro del dispositivo, la reforma del CGT sustituye el actual descuento del 50 % sobre las ganancias de capital de los activos mantenidos durante más de doce meses por un modelo que grava únicamente las ganancias reales por encima de la inflación, con un impuesto mínimo del 30 %. Los propietarios de pequeñas empresas se beneficiarán de un umbral de exención ampliado, que pasa de 2 a 10 millones de dólares australianos de facturación anual, una concesión obtenida durante las negociaciones previas.
Los Verdes lograron además varias garantías adicionales, entre ellas una limitación más estricta de los poderes discrecionales del tesorero sobre la aplicación futura del impuesto y una regulación más precisa del negative gearing, que quedará limitado a una sola propiedad de inversión por contribuyente para las nuevas adquisiciones realizadas a partir de julio de 2027.
Más de treinta organizaciones representativas del mundo empresarial habían firmado una carta abierta para intentar frenar en el último momento la aprobación del texto, denunciando una «penalización de la inversión». La Coalición continúa oponiéndose firmemente a la reforma, argumentando que estos cambios nunca fueron sometidos al voto de los australianos durante la campaña electoral de 2025.
Para los propietarios australianos y los inversores francófonos, la aprobación de esta ley marca una transformación profunda y duradera de las normas fiscales que regulan el mercado inmobiliario y los activos financieros en Australia.
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